Gobierno de Trump ofrece $2,500 a niños migrantes no acompañados para regresar a sus países
04 de octubre de 2025
El gobierno del presidente Donald Trump anunció una nueva iniciativa dirigida a niños migrantes no acompañados (UACs, por sus siglas en inglés) en custodia federal, mediante la cual se ofrece un estipendio único de $2,500 dólares a adolescentes que opten por regresar voluntariamente a sus países de origen.
La medida se aplicará inicialmente a jóvenes de 14 años o más, priorizando a los de 17. Sin embargo, los menores provenientes de México no serán elegibles.
El pago, denominado “estipendio de apoyo para la reintegración”, se entregará únicamente después de que un juez de inmigración apruebe la salida voluntaria y el menor arribe a su país de origen.
Actualmente, más de 2,100 niños se encuentran en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Esta propuesta forma parte de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para promover deportaciones voluntarias, sumándose a incentivos previos como los $1,000 dólares ofrecidos a adultos indocumentados que decidan “autodeportarse”.
La iniciativa fue comunicada a través de una carta de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) enviada a refugios y proveedores de servicios legales.
Según ICE, se trata de una opción “estrictamente voluntaria” y busca garantizar que los menores puedan tomar una decisión informada con la aprobación judicial correspondiente.
Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes criticaron la medida. Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense (KIND), la calificó como una táctica cruel
que podría poner en riesgo a los niños al devolverlos a las mismas condiciones de peligro que los llevaron a huir. En la misma línea, Neha Desai, del National Center for Youth Law, expresó que no hay razón legítima para que el gobierno incentive económicamente una salida voluntaria
.
Desde 2019, más de 600,000 niños migrantes han cruzado la frontera sur de Estados Unidos sin acompañante.
Si bien el gobierno Trump ha impulsado políticas para acelerar deportaciones, algunas han enfrentado frenos judiciales.
El mes pasado, un juez federal bloqueó la expulsión de menores guatemaltecos con casos activos tras denuncias de familias que desconocían el paradero de sus hijos.
En junio, el Departamento de Estado transfirió $250 millones al DHS para financiar deportaciones voluntarias, lo que ha permitido ampliar los incentivos financieros.
La implementación de esta nueva medida dependerá de revisiones judiciales y posibles apelaciones.