El martes 2 de julio de 2025, los primeros inmigrantes detenidos llegaron al centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, una instalación construida en tan solo ocho días en el corazón de los Everglades, Florida.
Impulsada por el gobernador Ron DeSantis y respaldada por el presidente Donald Trump, la cárcel, ubicada en el antiguo Dade-Collier Training and Transition Airport en Ochopee, tiene capacidad para albergar hasta 5,000 personas bajo custodia migratoria.
El sitio, rodeado por alambradas, torres de vigilancia y pantanos infestados de caimanes y pitones, ha sido apodado “Alcatraz del Pantano” por su ubicación extrema y su simbolismo político.
El centro, inaugurado el 1 de julio con una visita de Trump, DeSantis y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está diseñado para acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados, según las autoridades.
La instalación cuenta con más de 200 cámaras de seguridad, 28,000 pies de alambre de púas y 400 efectivos de seguridad, aprovechando la pista de aterrizaje existente para facilitar traslados y deportaciones.
Sin embargo, activistas, congresistas demócratas y grupos indígenas, como la tribu Miccosukee, han denunciado condiciones inhumanas, falta de acceso a representación legal y riesgos ambientales debido a la construcción apresurada sin estudios de impacto ecológico.
Organizaciones como la ACLU y Friends of the Everglades han acusado al gobierno estatal de violar derechos humanos y leyes federales, señalando que el nombre “Alligator Alcatraz” refleja una intención de tratar a los migrantes como criminales peligrosos, a pesar de que muchos no tienen antecedentes penales.
La representante estatal demócrata Angela Nixon condenó la apertura del centro, calificándolo como un acto de “crueldad política”. Además, la construcción en terreno sagrado para los Miccosukee y la falta de supervisión ambiental han generado protestas continuas en la zona, con manifestaciones de activistas y defensores de los derechos de los migrantes.
El proyecto, financiado parcialmente con fondos del programa de Shelter and Services de la FEMA a un costo estimado de $450 millones anuales, ha generado controversia también por su gestión estatal, ya que el gobierno federal ha intentado desvincularse de su operación en un reciente expediente judicial.
DeSantis, quien autorizó la toma del terreno mediante poderes de emergencia, defendió la instalación como un “disuasivo efectivo” y anunció planes para otra cárcel migratoria en Camp Blanding.
Mientras tanto, críticos advierten que “Alligator Alcatraz” podría sentar un precedente para más centros similares, intensificando la represión migratoria en Estados Unidos.
