La administración Trump reconoció este lunes, a través de un expediente judicial, un grave error administrativo que llevó a la deportación de Kilmar Armando Ábrego García, un ciudadano salvadoreño residente en Maryland, a pesar de contar con un estatus de protección que le prohibía ser enviado a El Salvador.
Este caso, reportado inicialmente por The Atlantic, marca un precedente significativo, siendo la primera vez que el Gobierno admite un fallo en sus recientes operaciones de deportación, las cuales han desatado una intensa batalla legal.
Según el expediente, el 15 de marzo, Ábrego García fue deportado a El Salvador “debido a un error administrativo”, a pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaba al tanto de su protección contra la deportación.
El hombre, quien huyó de la violencia de pandillas en El Salvador hace más de una década, fue identificado posteriormente por su esposa en una fotografía de detenidos ingresando a la infame megaprisión CECOT, un centro de detención conocido por sus duras condiciones.
Antes de su deportación, Ábrego García fue arrestado por el ICE bajo la sospecha de tener un “destacado papel en la MS-13”, según una declaración de un alto funcionario del organismo.
Sin embargo, sus abogados han negado rotundamente cualquier vínculo o membresía con la pandilla, argumentando que el error se originó porque Ábrego García no figuraba inicialmente en el manifiesto del vuelo de deportación, pero fue incluido como suplente debido a cancelaciones de otros casos.
El Gobierno federal justificó la deportación como un “descuido” cometido de buena fe, basándose en una orden final de deportación y en la presunción errónea de su conexión con la MS-13. No obstante, la administración Trump afirmó que no puede repatriar a Ábrego García porque actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades salvadoreñas, descartando preocupaciones sobre posibles riesgos de tortura o muerte en la CECOT.
Este caso ha generado alarma no solo por el error administrativo, sino también por las implicaciones legales y humanitarias. Según informes recientes de organizaciones como Human Rights Watch, las deportaciones masivas a El Salvador han incrementado la vulnerabilidad de los retornados, quienes enfrentan riesgos de violencia, extorsión y detención arbitraria en centros como la CECOT, donde las condiciones han sido denunciadas internacionalmente.
