El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una nueva polémica este martes al calificar de "lunático de la izquierda radical" al juez federal que intentó detener la deportación de más de 200 venezolanos hacia El Salvador. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump no solo atacó al juez, sino que también exigió su destitución, argumentando que su administración está cumpliendo con el mandato de los votantes que lo respaldaron en las elecciones de noviembre.
El juez en cuestión, James Boasberg, del distrito de Columbia, emitió el pasado sábado una orden para suspender el traslado de los venezolanos, quienes fueron señalados por el Gobierno estadounidense como miembros de la banda criminal Tren de Aragua. La deportación se llevó a cabo bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma histórica utilizada en raras ocasiones, como durante la Guerra de 1812 y las guerras mundiales. Sin embargo, la decisión de Boasberg llegó tarde: los tres aviones que trasladaban a los deportados ya habían despegado o aterrizado en El Salvador cuando se dictó la orden.
En su publicación, Trump defendió su política migratoria y afirmó: "Ganamos por muchas razones, pero la lucha contra la inmigración ilegal puede haber sido la razón principal de esta victoria histórica". Además, acusó al juez de ser un "alborotador" nombrado por Barack Obama y cuestionó su autoridad, insistiendo en que "no queremos criminales agresivos y violentos en nuestro país".
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El lunes, el Departamento de Justicia solicitó a una corte de apelación que retire a Boasberg del caso, alegando un "ejercicio inapropiado de competencias". Paralelamente, un fiscal general adjunto argumentó ante el juez que este no tiene la autoridad para intervenir en la política migratoria del Ejecutivo. Por su parte, uno de los abogados de los deportados advirtió sobre una posible "crisis constitucional", mientras crecen las críticas de funcionarios de Trump contra los jueces que desafían sus medidas, poniendo en tela de juicio la separación de poderes en Estados Unidos.
Este episodio intensifica el debate sobre la inmigración y el uso de leyes excepcionales en la administración Trump, en un contexto donde El Salvador se convierte en destino de estas controvertidas deportaciones.
