Un juez federal de Estados Unidos, designado durante la administración Obama, dictaminó este martes que la decisión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de clausurar permanentemente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es «probablemente inconstitucional». En una resolución preliminar, el magistrado ordenó detener de inmediato los esfuerzos para desmantelar la agencia.
El juez Theodore Chuang, en su fallo, argumentó que las acciones del DOGE para eliminar esta organización de manera acelerada «probablemente violaron la Constitución estadounidense» en varios aspectos, afectando tanto a los demandantes como al interés público. Según el escrito, estas medidas usurparon la autoridad del Congreso, encargado de decidir el cierre de una agencia, así como el momento y la forma de hacerlo.
Como medida cautelar, mientras se resuelve el caso de manera definitiva, Chuang instó a las partes a tomar acciones para facilitar una posible reapertura de la sede de USAID. Además, para mitigar los efectos del cierre, el juez exigió al DOGE que restaure a los empleados el acceso a correos electrónicos, pagos, notificaciones de seguridad y otros sistemas digitales esenciales. Asimismo, prohibió al personal del DOGE realizar nuevas reducciones de plantilla o cancelaciones de contratos en la agencia.
Esta decisión apunta directamente a Elon Musk, líder del DOGE, y a su equipo, al considerar que carecían de la autoridad legal para implementar tales medidas. Sin embargo, el fallo podría ser revertido si un miembro de la Administración de Donald Trump con la potestad necesaria interviene en sentido contrario.
La demanda que originó esta resolución fue presentada por trabajadores de USAID cuyos contratos fueron terminados, quienes señalaron al DOGE y a Musk como responsables. Cabe destacar que, el pasado 10 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el Ejecutivo había cancelado el 83 % de los programas de USAID, mientras negocia con el Congreso la transferencia de los contratos restantes al Departamento de Estado para una gestión más eficiente.
Este fallo representa un nuevo capítulo en la controversia sobre las reformas impulsadas por el DOGE, liderado por Musk, y plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes en el gobierno estadounidense.
