Juez Prohíbe Detención de Kilmar Ábrego, Salvadoreño Acusado de Tráfico de Personas, por ICE
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El 23 de julio de 2025, la juez federal Paula Xinis en Maryland, Estados Unidos, ordenó que Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño acusado de tráfico de personas, no sea detenido por las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras su liberación bajo fianza en un caso penal en Tennessee.
La decisión prohíbe al gobierno de la administración Trump retener a Ábrego García, quien enfrenta cargos por presunto transporte de migrantes indocumentados dentro de EE.UU., a los que se declaró no culpable.
Ábrego García, de 29 años, es señalado por el gobierno estadounidense como miembro de la clica Westerns de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), con el alias “Chele” y el rango de “Chequeo”.
Sin embargo, sus abogados y familiares niegan estas acusaciones, afirmando que no tiene vínculos con pandillas.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador no ha presentado cargos formales contra él por actividades pandilleriles, y su caso ha generado controversia tras su deportación errónea en marzo de 2025 al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión a ese país por temor a persecución.
La juez Xinis ordenó que Ábrego García sea restituido a su Orden de Supervisión de ICE en la oficina de Baltimore y exigió al gobierno notificar por escrito cualquier intención de deportarlo a un tercer país.
Esta decisión sigue a un fallo del juez Waverly Crenshaw en Tennessee, quien negó la moción del gobierno para revocar la liberación bajo fianza, establecida por la juez magistrada Barbara Holmes.
Según el Observatorio Nacional de Seguridad, las acusaciones de vínculos con pandillas en EE.UU. suelen basarse en pruebas circunstanciales, lo que ha generado críticas por posibles violaciones al debido proceso.
El caso de Ábrego García, quien vivía en Maryland con su esposa y tres hijos, ha sido objeto de una batalla legal prolongada.
Sus abogados, liderados por Simon Sandoval-Moshenberg, han solicitado que no sea deportado sin al menos 72 horas de notificación previa y que se le permita regresar a Maryland mientras espera su juicio, fijado para el 27 de enero de 2026.
Organizaciones como CASA han denunciado que la deportación inicial al CECOT fue un “error administrativo” y han exigido garantías para proteger sus derechos.