Abuso de Autoridad en El Salvador: Agente Policial Amenazaba con Perfiles Falsos para Extorsionar y Limitar Libertad
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, llevó a cabo una vista pública contra José Roberto Amaya Zelaya, un agente policial acusado de graves delitos que incluyen hurto, extorsión agravada y limitación ilegal a la libertad de circulación de dos ciudadanos.
Los hechos, ocurridos entre julio y septiembre de 2022, exponen un alarmante abuso de poder bajo el contexto del régimen de excepción implementado en El Salvador.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Amaya Zelaya se valió de su posición como policía para intimidar a las víctimas.
Según los detalles del caso, el imputado exigía pagos mensuales a cambio de no crearles perfiles falsos que los incriminaran en delitos como agrupaciones ilícitas, lo que les habría llevado a ser detenidos bajo el amparo del régimen de excepción.
“El imputado amenazaba a las víctimas con crearles perfiles delincuenciales para detenerlos en flagrancia por el delito de agrupaciones ilícitas y, para no proceder de esta manera, les exigía que abandonaran su lugar de residencia o que le hicieran entrega de dinero para no concretar su amenaza”, explicó el fiscal a cargo.
Además, se informó que Amaya Zelaya confiscó los teléfonos de las víctimas bajo el pretexto de “verificar información”, pero nunca los devolvió. Posteriormente, limitó el acceso de las personas a sus propios hogares, forzándolas a abandonar sus residencias.
Los delitos se cometieron en el distrito de Huizúcar, en La Libertad Este, durante los meses de junio y septiembre de 2022, con incidentes específicos reportados el 15 y 17 de julio para la primera víctima, y a finales de septiembre para la segunda.
La FGR aseguró contar con pruebas documentales, periciales y testimoniales suficientes para sustentar los cargos, solicitando al tribunal una sentencia condenatoria tanto en materia penal como civil.
Este caso se suma a las numerosas denuncias de abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos documentadas durante el régimen de excepción, que desde marzo de 2022 ha sido criticado por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por facilitar detenciones arbitrarias, torturas y limitaciones a las garantías procesales.