Según las autoridades, la víctima, quien se encontraba realizando labores cotidianas, fue abordada por José Manuel Hernández Díaz y Wilson Josué Hernández Díaz. Ambos exigieron una suma considerable de dinero, acompañando su demanda con amenazas serias que obligaron a la persona a entregarles fondos en dos ocasiones distintas. Este tipo de presión es una práctica que ha afectado a muchas comunidades en el país, pero gracias a la acción judicial, se ha dado un paso más hacia la seguridad.
Además, se informó que los responsables enfrentan otros procesos legales por delitos adicionales, lo que podría incrementar las consecuencias de sus actos. Este caso refleja el compromiso de las instituciones salvadoreñas por combatir la delincuencia organizada y proteger a la ciudadanía.
